MILEI BUSCA EMPODERAR A LAS FFAA Y A LA SIDE

Primero los vio disfrazados de estudiantes y docentes en las universidades. Después, alegó que habían intentado voltearlo en las calles. Ahora, Javier Milei sacó pecho y declaró que su Gobierno había expulsado a 30 mil terroristas en los últimos dos años. La afirmación, que no encuentra sustento en ningún dato público, contrasta también con lo que dijeron las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) cuando se presentaron en el Congreso. La oposición denuncia que, más que un exabrupto del Presidente, es una “mentira” que sirve para justificar el tratamiento en la Cámara de Diputados de la llamada ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que empodera a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia. Desde los organismos de derechos humanos denuncian que detrás de la agenda antiterrorista se esconde la voluntad de restringir libertades y evitar la rendición de cuentas.

Milei concedió una entrevista después de su gira por Estados Unidos. Cuando le preguntaron por qué la economía no repuntaba, el Presidente acudió a la teoría de la conspiración: sostuvo que había resistido 40 proyectos que trataban de derrumbar el equilibrio fiscal, siete intentos de juicio político –que, a su entender, fueron intentonas de golpe de Estado–, y que había tenido que expulsar a 30 mil terroristas (10 mil en 2025 y 20 mil en 2026). “Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, sentenció el mandatario.

Los peligros que lo acechan no se acaban en esa enumeración. Dijo, además, que la Residencia Presidencial de Olivos (RPO) es una “base militar” por cuestiones de seguridad interna –tema que es ajeno, de acuerdo con la legislación vigente, a las Fuerzas Armadas– y que tiene “enemigos pesados” en el mundo.

Más allá de que cada vez que Milei toma contacto con la administración de Donald Trump desempolva su agenda antiterrorista, los datos esta vez generaron escozor.

¿De dónde sale el número de 30 mil supuestos terroristas expulsados que invocó Milei en el reportaje con LN+? Una aproximación puede tomarse del discurso que pronunció su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el 18 de septiembre en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí dijo que más de 20.000 extranjeros fueron expulsados del territorio nacional, rechazados en la frontera o inadmitidos por no cumplir con los requisitos establecidos para ingresar o permanecer en la Argentina, a partir de un endurecimiento de condiciones que situó desde febrero de este año. Según publicó La Nación, en 2026 se produjeron 744 expulsiones y 18.947 incidentes de entrada –que nada tienen que ver con actos terroristas–.

“La amplísima mayoría de las estadísticas representa a los inadmitidos. Son personas a las que no les habilitan el ingreso en la frontera. Eso ni siquiera está vinculado a delitos. En general sucede porque les falta un papel o el seguro de salud o no les creen que van a venir como turistas. La estrategia consiste en poner un número rimbombante que acá tiene un elemento de falsedad absoluta. Los pocos casos de personas vinculadas a delitos que fueron expulsadas no tienen vinculación a cuestiones de gravedad como el terrorismo internacional”, explica Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Según las estadísticas que maneja la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), las expulsiones se incrementaron durante la era Milei, pero están muy lejos del número que dio el Presidente. En 2023, 535 personas fueron expulsadas; en 2024, 739; en 2025, 920, y en el primer semestre del año se registraron 470 expulsiones. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, informa que, entre mayo de 2025 y el mismo mes de este año, se ordenaron 5216 expulsiones, pero solo llegaron a efectivizarse 1098. En ningún caso fue por delitos vinculados al terrorismo.

Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS, la tendencia a asociar migrantes con terrorismo no es una idea propia de Milei. “Es uno de los componentes del marco ‘antiterrorista’ que viene siendo utilizado en muchas partes del continente como forma de recortar derechos, aumentar la vigilancia y la represión estatal, y no rendir cuenta por nada de ello, bajo la excusa del secreto por razones de ‘seguridad nacional’”, explica.

La SIDE dice otra cosa

El 16 de julio pasado, Milei mandó a su canciller, Pablo Quirno, y al número dos de la SIDE, José Lago Rodríguez, a una reunión a la que convocó el Departamento de Estado en la que se habló de conformar una coalición frente a un supuesto resurgimiento del terrorismo político de izquierda.

El tema salió cuando Cristian Auguadra –titular del organismo– y Lago Rodríguez debieron presentarse ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) el 25 de agosto pasado. En esa oportunidad, Lago Rodríguez contestó que no operaban grupos de extrema izquierda en la Argentina. En otras palabras, que la SIDE no tenía la hipótesis de terrorismo que solía invocar el Presidente.

Los tres diputados peronistas que están en la Bicameral –Agustín Rossi, Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade– presentaron este lunes un pedido de informes urgente a raíz de los dichos del Presidente. Sostienen, por un lado, que, de ser cierto, se estaría ante una de las operaciones antiterroristas más grandes de la historia. Por otro lado, se preguntan si Milei tiene información para sustentar que se echó del país a personas que venían a dinamitar el modelo económico, ya que eso podría implicar la realización de inteligencia ilegal.

A priori, como remarcan los integrantes opositores de la CBI, no hay datos sobre causas en las que se investiguen hechos de terrorismo. Los últimos datos disponibles de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) del Ministerio Público Fiscal son de 2022, cuando se contabilizaban 33 investigaciones penales por este tema. En ese informe se explica que se engloba dentro de esta categoría a expedientes en los que hay imputaciones por el artículo 41 quinquies (que duplica las escalas penales), 213 bis (ser parte de organizaciones que busquen imponer sus ideas por la fuerza o el temor) o 306 (financiamiento del terrorismo) del Código Penal.

Los responsables de la SAIT se incorporaron recientemente al Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) que creó a fines del año pasado Milei en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

Una excusa

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) dijo en una entrevista con Infobae que cuando Milei no puede explicar el funcionamiento de la economía recurre a este tipo de estigmatizaciones. “Pongámonos a pensar lo que significan 20 mil terroristas”, pidió mientras concluía que era una “exageración terrible” y que esto obligaba a actuar con mucha prudencia.

Los diputados Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón hicieron pedidos de informes. Ambos buscaron graficar con números lo que significaría la afirmación del Presidente. Paulón sostuvo que tendrían que haber despegado dos aviones de pasillo ancho, repletos, por semana.

La senadora Juliana di Tullio también promovió una solicitud de información. “La ciudadanía tiene derecho a saber si se encuentra expuesta a riesgos reales o nos gobierna un mentiroso”, pinchó desde X.

Para Myriam Bregman, Milei busca darle plafón a la discusión sobre la Ley de Defensa de la Soberanía –que comenzará el miércoles–. Rossi advierte, por su lado, que el proyecto trae la ratificación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que había sido creado durante el macrismo. Cualquier persona u organización puede ser incorporada ante la sospecha razonable. “Omiten el concepto de sospecha fundada. De esa forma, todos podemos pasar a ser terroristas”, concluye.