PROCESARON A SPAGNUOLO Y A OTRAS 18 PERSONAS POR LAS COIMAS EN EL ANDIS

En una resolución explosiva, el juez Sebastián Casanello describió la trama de la corrupción en discapacidad como una asociación ilícita montada en paralelo al ajuste en el área. Los sobreprecios en medicamentos alcanzaron casi el dos mil por ciento. El ex abogado de Miley se estaba haciendo un quincho con fondos públicos.

“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, definió el juez Sebastián Casanello al dictar este lunes el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de otras 18 personas, trama que definió como una asociación ilícita. La organización no solo incluye exfuncionarios de la gestión libertaria de distintos rangos que operaban desde adentro del organismo, sino otras personas que habían cumplido funciones con anterioridad y que pasaron a trabajar para intereses privados del mundo de la salud, más un grupo de particulares vinculados a cuatro droguerías que eran sistemáticamente elegidas en adjudicaciones arbitrarias para la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia relacionadas por distintas vías con el lobbista y empresario Miguel Angel Calvete. El fallo señala sobreprecios que llegaron al 1.960,48 por ciento. El fallo dice además que existen indicios suficientes para sospechar que intervino “otro nivel de complicidades” en los hechos, lo que recuerda los audios de Spagnuolo --que no fueron utilizados en la resolución-- en los que aparecían mencionados tanto a Eduardo “Lule” Menem como a Karina Miley.

Es ostensible que el período investigado, entre fines de 2023 y octubre de 2025, coincide con la decisión del Gobierno de recortar fondos para discapacidad y desconocer la emergencia votada en el Congreso el año pasado hasta que recién ahora fue reglamentada, aún con resultados inciertos. Según la descripción de Casanello, basada en la investigación del fiscal Franco Picardi, la ANDIS fue “cooptada” de manera planificada y “empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. Esto ocurría mientras el Gobierno les negaba a las personas con discapacidad y sus familias el pleno acceso a sus derechos, lo que incluye tratamientos y prestaciones.

“Otro nivel de complicidades”

El fallo dice también que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos” hasta ahora probados. Dice: “Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. Y agrega: “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades", dice. Y advierte: “La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Las referencias a distintos funcionarios de la Rosada, con responsabilidades por encima de la organización delictiva al interior de la Andis, aparecen de forma indirecta en algunos chats. Por ejemplo, cuando Spagnuolo designa en junio de 2024 a Daniel Garbellini --otro de los procesados--en el “Grupo Museo” de Whastapp, que incluía a exfuncionarios que esperaban conseguir cargos, festejan. Patricio Rama, uno de los dueños de droguerías que compartía chats en ese grupo, manda un mensaje con un dibujo de planetas, como que se alinearon. Luego, el juez señala que ese “alineamiento” se ve reflejado en un mensaje de Pablo Atchabahian a Calvete donde parece haber alusiones a un hombre de la suizo argentina, a Santiago Caputo y a Lule Menem.

Dice el mensaje de Atchabahian: “Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani (Garbellini), que estuvo con el pelado (Spagnuolo) charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación.

sí que, bueno, ya se lo informé al ”Helvético″; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja (¿Menem?) así que estamos todos alineados en la misma. Dani (Garbellini) opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado (Spagnuolo) lo entienda". Mariano Caballi, en otros mensajes, hablaba de “llegar a Karina” que “es la que define todo”.

El juez Casanello pronto dejará de intervenir en la causa, ya que corresponde al juzgado federal 11 que subrogaba, y esa suplencia llega este jueves a su fin.

Los procesados

Por lo pronto, el juez pone en la cabeza de la organización ilícita a Spagnuolo, a Daniel Garbellini –extitular de acceso a los Servicios de Salud— al empresario y operador Miguel Angel Calvete y a Pablo Atchabahian, quien había ocupado el mismo cargo que Garbillini durante el macrismo. Los delitos son, además de asociación ilícita, en calidad de jefes para este grupo, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada en perjuicio de la administración nacional. En el caso de Spagnuolo dio por probado el cohecho, es decir, que recibió pagos ilegales, de parte de Calvete y sus colaboradores. El embargo para el extitular de la ANDIS es de 202.828.725.464 pesos. Es el más alto. El más bajo le tocó a Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, 94.773.204.489 pesos.

Los exfuncionarios, que según la descripción judicial, fueron elegidos para ocupar lugares estratégicos, son: Eduardo Nelio “Pino” González, ex titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, quien antes se había ocupado de compras en la dirección de Asistencia a Servicios de Salud (DNASS); Diego Martin D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas; Roger Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias de la DNASS; Lorena Di Giorno,

quien se desempeñaba en el área de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI) y trabajaba en ANDIS desde 2020. Ella y González eran de máxima confianza de Calvete. Di Giorno incluso compartió sociedades con él. Ambos también fueron procesados por cohecho.

La hija del lobista, Ornella Calvete, a quien le encontraron 700 mil dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros en su domicilio también fue procesada como parte de la organización, por negociaciones incompatibles, defraudación y en su caso incumplimiento de los deberes de funcionario público. Casanello relata que aún después de haber entrado a trabajar al ministerio de Economía (primero en la dirección de Análisis de Cadenas de Valor y luego a cargo de Desarrollo regional en la secretaría de industria y comercio), iba a la oficina de su padre una vez por semana. Entre otras cosas, reproduce un diálogo donde busca vender en el Estado lo que ofrece su padre, en particular a un asesor, dice, de una senadora. “Quedate tranquilo porque de Profarma no nos van a cagar, porque es mi viejo”. En los papeles, Calvete padre no figuraba, pero esa droguería, altamente beneficiada por la ANDIS, la manejaba él, según el fallo.

Profarma tuvo, junto con Génesis, el 93,11% de las adjudicaciones de ANDIS entre julio de 2024 y agosto de 2025 que fueron denominadas “especiales” o acotadas, donde había una competencia sólo aparente de precios. Las otras dos droguerías implicadas son New Farma y Floresta S.A, que se quedaron con 51,67 % de adjudicaciones en 2025 y otro tanto el

año anterior en el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados. Sólo las dos primeras facturaron más de 30.000 millones de pesos.

La trama de nombres es extensa. Del laboratorio Génesis, fue procesado Andrés Horacio Arnaudo. La misma suerte corrieron Silvana Vanina Escudero, fundadora de la droguería New Farma, y Patricio Rama, dueño del 50 por ciento de esa firma; Alejandro Gastón Acosta, de la droguería Floresta, marido a su vez de Escudero; y Federico Santich, socio de Calvete en algunos negocios y accionista de Profusion SRL, que a su vez era dueña de parte de Profarma.

Del entorno de Calvete. los procesamientos fueron para Julio César Viera, su mano derecha (en un comienzo su chofer), Patricia Canavesio, secretaria administrativa, y Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete. Luciana Ferrari había trabajado en prestaciones médicas de Andis, pero para el momento de la investigación cumplía funciones en el laboratorio Roche, de donde fue desvinculada. Le habían proporcionado una clave para entrar al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), desde donde se organizaban las adjudicaciones, que según el juez incumplían requisitos elementales de publicidad y normas aplicables en licitaciones. Por lo pronto, nada se publicaba en el portal público “compra.ar”.

El quincho de Spagnuolo

A contramano de lo que declaró ante la justicia, en la causa hay elementos que constatan que el extitular de la Andis no sólo veía pasar las coimas sino que era él mismo parte del entramado, y se llevaba lo suyo. “Ha podido reconstruirse que el funcionario recibió importantes sumas de dinero -tanto en efectivo como en especie- que le fueron suministradas, directamente y según la necesidad, por el propio Calvete a través de la estructura de personas y empresas que manejaba”, dice el juez.

No sólo, como se sabía, Spagnuolo pidió cinco millones en efectivo para viajar a Israel, sino que además el propio Calvete le saldó una deuda con un mueblero. “Calvete saldó la deuda contraída por el funcionario con su mueblero, Oscar H. Banon, mediante el pago de la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos ($3.448.000) y cinco millones veintiún mil quinientos pesos ($5.021.500), respectivamente, a través de la cuenta bancaria correspondiente a la empresa Indecomm SRL”, dice.

Spagnuolo, durante el período investigado, se estaba haciendo una ampliación de su “galería con parrila”. El arquitecto que hizo la obra declaró en el expediente. “Sobre la costosa obra y el uso de dinero en efectivo y en dólares por parte de Spagnuolo para solventarla, el testigo Fabián Andrés Urroz, empleado de la empresa constructora “Bloque 4 SRL”, declaró: «La obra consistió en una ampliación y extensión de la galería con la parrilla. La obra estaba presupuestada en aproximadamente 51.000.000 de pesos. El cliente no abonó todo. En ese sentido, recibimos un anticipo en concepto de acopio de USD 20.000.00, en ese momento equivalente a $26.600.000. Luego el 27 de septiembre de 2024 recibimos USD 10.000, en ese entonces $12.250.000. Luego, el 25 de octubre de 2024 pagó USD 5.000, equivalentes a $5.975.000. Me pagó en efectivo y en dólares. En el presupuesto original no estaban contemplados algunos arreglos o materiales. Puedo estimar que el gasto complementario pudo haber rondado los USD 20.000»”. Nada de eso, según el juez, se hizo con fondos lícitos.

Fuente: Pagina12