CONTRATO SIN LICITACION PARA LA ESPOSA DE STURZENEGGER

La esposa del ministro de Desregulación -el ejecutor de los recortes y despidos estatales- tiene asignado un contrato sin licitación en Cancillería.

Mientras el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger dice que trabaja para “destruir el Estado desde adentro”, este domingo salió a la luz que la Cancillería le adjudicó un contrato por $114.044.133 a su esposa, directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Como si fuese poco, el contrato es para enseñarle inglés al personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, mientras que uno de los requisitos para ingresar a un puesto en el ISEN, es, justamente, saber a la perfección el idioma.

El ministro, además, estuvo en el centro de la escena la semana pasada cuando salió a justificar el capítulo de la reforma laboral por el cuál, cuando un trabajador se enferme, su empleador le podrá pagar hasta 50 por ciento menos de su salario.

Según la propia página web de la Cancillería argentina, para entrar al ISEN es necesario poseer alguno de los siguientes certificados de conocimiento de inglés: “Sistema Cambridge: First Certificate of English, Certificate in Advanced English o Certificate of Proficiency in English; Certificado TOEFL con un puntaje mínimo de 550 puntos del PBT o 79 puntos del IBT; Certificado IELTS con un puntaje mínimo de 6.0; Certificado CILE de nivel 4 o 5, emitido por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA o el Certificado CUI-ING nivel B2, emitido por la Facultad de Agronomía de la UBA”.

La contratación, además, no se ganó por una licitación. Sino que se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad. Debido al vínculo entre Rouillet y Sturzenegger, por más que pusieron que el contrato sea de 9 meses para no levantar sospechas, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La Cancillería avanzó igual, y en los considerandos de la disposición, puntualizó que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.

Llama la atención que, mientras el gobierno habla de la “libre competencia”, y del “libre mercado”, no hayan abierto una licitación para que los distintos interesados en brindar ese servicio al estado puedan competir.